“Desde 1985 estoy en el Hospital Borda. En 1998 me dieron el alta. Pero al año siguiente mi papá falleció y me vino un bajón. Hace cinco o seis años que estoy en esta última internación. Tengo cuatro hermanas; una de ellas es mi curadora. Ella está tramitando mi egreso desde hace cinco años; pero los papeles y el trámite son muy costosos." El relato de un paciente del Pabellón Crónicos del Hospital Municipal José Borda es el fiel reflejo de una problemática social que afecta a más de 11 mil pacientes psiquiátricos internados en hospitales y clínicas públicos del país. Según la Unidad Coordinadora de Salud Mental del Ministerio de Salud de la Nación, en los centros de salud públicos de la Argentina hay unos 18.750 pacientes psiquiátricos internados. El 80 por ciento de ellos está allí hace un año o más. Y al menos el 60 por ciento de esos pacientes psiquiátricos continúan internados por razones sociales pasada la crisis que determinó el motivo original de la internación. Son muy pocas las internaciones que no tienen un motivo real. La gran mayoría son legítimas. Lo que sí es alarmante es la cantidad de personas que en condiciones de alta siguen viviendo en los hospitales porque carecen por completo de continente social y económico. Uno de los tipos de internados que presentan estas situaciones son los que fueron encontrados en la calle. Una vez que alcanzan el alta no tienen adónde ir porque carecen de casa y de familia. La mayoría de estos pacientes se hacen crónicos y se transforman en huéspedes eternos de los psiquiátricos, aun en detrimento de su propia salud mental. Forman parte del ejército de pacientes que pasan la mayor parte de su vida internados. Básicamente porque no poseen redes sociales ni lazos familiares, porque por lo general están desempleados y, además, no reciben del Estado ninguna alternativa o dispositivo de atención comunitaria de salud mental. Pero no alcanzan ni las buenas intenciones ni el trabajo de los profesionales, que opinan que los pacientes debieran vivir fuera de los hospitales. La razón es simple: lo que los especialistas consideran que está en déficit es una política general que conduzca a la inclusión social de las personas que padecen de algún tipo de sufrimiento mental. ¿Acaso estas personas no cuentan con el mismo derecho a una vida digna como cualquiera?
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